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El Partido Popular prometió convertir España -eso decía su programa electoral, allá por el mes de noviembre del año 2011- en «el mercado de referencia del gas natural en el Mediterráneo«… y lo está haciendo. Eso sí: a un coste muy elevado para los consumidores, que han acumulado otros 9.000 millones de euros de deuda eléctrica en este bienio, y a un coste más elevado aún para el sector de las energías renovables, que ha sido presentado como el gran culpable de todos los males del sistema eléctrico español y que se encuentra ahora mismo al borde del precipicio.
«Toda la batería legislativa puesta en marcha por el Ministerio de Industria en los dos últimos años ha estado encaminada a reducir a la nada al sector de las energías renovables». Lo dijeron ayer, alto y claro, en rueda de prensa conjunta, los representantes de Anpier, APPA, Protermosolar y UNEF, cuatro de las más importantes asociaciones patronales del sector de las energías renovables. Según el comunicado conjunto difundido por las cuatro organizaciones -y según las declaraciones que fueron haciendo durante su comparecencia los dirigentes de todas ellas-, en realidad, la pretendida reforma del sector eléctrico que está ejecutando el gobierno no es sino un conjunto de «medidas meramente recaudatorias que recaen fundamentalmente sobre las energías renovables y los consumidores«.
Techo del 7,5 en un mercado presuntamente liberalizado
La última de esas medidas es la orden que establece la denominada «rentabilidad razonable«, que ha ideado el gobierno para sustituir la prima. La idea promotora del gobierno ha sido la siguiente: averiguamos cuáles han sido los costes de inversión y cuáles son los costes de operación y mantenimiento de cada instalación, y, a partir de ahí, le aplicamos a cada una de ellas una rentabilidad del 7,5% antes de impuestos. Un techo del siete y medio, que debe tener en cuenta además toda la vida de la instalación, de modo que si ayer esa central de biomasa o ese parque eólico obtuvo más del 7,5… mañana habrá de obtener menos hasta que la media de toda su vida útil cuadre en ese siete y medio.
Regulación «caótica»
Pues bien, a partir de esos estudios y de los números en ellos contenidos, el Ejecutivo está preparando la Orden susodicha (de la «rentabilidad razonable»). ¿Problema? Que el documento que ha enviado a las asociaciones para que presenten las alegaciones correspondientes, si lo estiman oportuno, es «un documento confuso de más de 1.500 páginas» que las asociaciones calificaron ayer como «un ejemplo más de la improvisación con la que actúa el Ministerio de Industria«, un texto que añade más incertidumbre aún a un sector rehén de «una regulación caótica». ¿Conclusión? «De no modificarse la Orden en sus términos actuales -avisaron ayer los convocantes-, recurriremos esta normativa ante la Comisión Europea y todas las instancias judiciales, tanto nacionales como internacionales».
Números «inventados»
Anpier, APPA, Protermosolar y UNEF se quejaron ayer, fundamentalmente, de tres cosas. Uno: el Ejecutivo lleva dos años legislando de espaldas al sector de las energías renovables. Dos: los números que ha presentado el gobierno son «inventados» y no conducen a una rentabilidad real del 7,5 antes de impuestos, sino a rentabilidades muy inferiores, hasta el punto de que en muchos casos el precio de la retribución del kilovatio renovable que va a salir de ahí va a ser tan bajo que peligra la viabilidad misma de muchas instalaciones. El director general de la Unión Española Fotovoltaica, José Donoso, ha hablado de medida «expropiatoria», pues supone reducciones de ingresos de hasta un 55% para algunas instalaciones fotovoltaicas. Y tres: aún no se conoce la letra pequeña de ese documento de 1.500 páginas. Sobre el particular, el presidente de Protermosolar, Luis Crespo, ha explicado que «hemos pedido a la administración más información para alegar mejor y hemos solicitado también que se suspenda el proceso de alegaciones hasta que nos den esa información suficiente. Pues bien, a fecha de hoy esa información no nos ha llegado». Además, Crespo ha denunciado que, «en los últimos veinte meses, desde que fuera aprobada la Ley 15/2012, el sector termosolar ha sufrido recortes por valor del 32% de sus ingresos», y ha asegurado asimismo que, a día de hoy, prácticamente ninguna instalación termosolar española alcanza el 7,5 de rentabilidad (Crespo ha hablado de una media del 3,7%).
Mil millones menos para la eólica
Así las cosas, y según APPA y compañía, «el ajuste de las medidas llevadas a cabo desde 2011, junto con lo contemplado en la propuesta de Orden, reducirá los ingresos previstos por el sector para 2014 en más de 3.400 millones de euros» (M€). Por poner un ejemplo: según Santiago Gómez, presidente de la sección Eólica de APPA, esta tecnología renovable verá mermada su retribución desde los 2.400 M€ de 2013 a unos 1.200 en 2014. Gómez se ha quejado además del modelo del gobierno, que apuesta por retribuir «la inversión y no la producción». Y es que el techo del 7,5 podría neutralizar las inversiones pro mejora de la eficiencia: si no puedo rentabilizar mi instalación porque me colocan un techo, pues no invierto en mejoras.
La pariente pobre de las renovables
Otro techo del que se ha quejado APPA ha sido el de las 6.500 horas para las centrales de biomasa. Según el portavoz de la sección de Biomasa de esta asociación, Manuel García, no tiene sentido establecer un techo ahí si lo que persigue el legislador es establecer una rentabilidad razonable para «una empresa eficiente y bien gestionada» (que eso es lo que dice la propuesta de Orden). La bioenergía es la única de las tecnologías renovables que no ha alcanzado ni de lejos los objetivos que marcara el gobierno en el horizonte 2010 (la eólica sí los ha alcanzado; también la termosolar; y los ha superado con creces la fotovoltaica). El caso es que, a pesar de hallarse lejos de sus objetivos, la biomasa, en vez de continuar recibiendo apoyo, ha sufrido recortes -explica García- por valor de un 39% de los ingresos.
La burbuja del gas
En el otro plato de la balanza, se encuentra el gas, cuyo parque eléctrico está sobredimensionado: «en la última década se han instalado más de 27.000 MW», ha dicho José Miguel Villarig, el presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables, APPA. Además, se da la circunstancia que los ciclos combinados de gas, que «han sido desarrollados por libre iniciativa empresarial», han percibido subvenciones multimillonarias que han supuesto hasta un 40% del total de la inversión, cuantías «soportadas por los consumidores eléctricos a través de los llamados pagos por capacidad» (coste que establece el gobierno y que en 2014 supondrá más de 900 M€). APPA considera que estos pagos no tienen sentido, dada la sobrecapacidad del sistema eléctrico nacional.
Más caro que la eólica
Donoso ha insistido en el peso económico que tiene el gas en el precio final de la electricidad. Y es que, además de esas subvenciones encubiertas, el gas natural es ahora mismo la tecnología que más está encareciendo la factura. El director general de UNEF coincide ahí con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que, en su informe del 7 de enero, decía literalmente lo siguiente: “desde mediados de 2011, se ha venido abriendo una diferencia entre el coste de generación de una central de carbón y el de un ciclo combinado, siendo esta última más cara. Entre otros motivos, cabe destacar la fuerte demanda de gas de Japón tras el terremoto de Fukushima”. Así las cosas (entre las subvenciones que recibe y el mercado), ha dicho Donoso, «el MWh del gas sale más caro que el eólico«.
El gobierno encarece el transporte
A pesar de ello, las subvenciones al gas (pagos por capacidad) no han sido revisadas bajo el prisma de lo «razonable», como sí ha sido revisada la rentabilidad de las energías renovables. Las asociaciones ayer convocantes también se han quejado de que ni la distribución ni el transporte han sido sometidas a una evaluación parecida. Antes al contrario, y aunque la crisis ha conllevado un descenso de la demanda eléctrica a niveles similares a los de hace diez años, lo cierto es que el Ejecutivo presidido por Rajoy está incrementando el peso de este coste regulado (coste establecido por el gobierno). «A modo de ejemplo, la propuesta de Orden de Peajes prevé incrementar para 2014 un 30% la retribución al Operador del Sistema, Red Eléctrica de España, presidida por el popular José Folgado.
Menos kilovatios distribuidos, pero más cara la distribución
La distribución también le ha costado a los consumidores más dinero en 2013. Porque, en 2013, y pese a que volvió a caer la demanda (cayó un 2,3% con respecto a la registrada en 2012 y fueron por eso distribuidos menos kilovatios), lo cierto es que el Ejecutivo decidió incrementarle el pago a los distribuidores. Concretamente, destinó 5.003 millones de euros a este concepto en 2012 y más de 5.126 millones en 2013. «¿Por qué no se les aplica la rentabilidad razonable a la distribución y el transporte?», se preguntaba ayer Villarig, que hacía hincapié en la paradoja que supone el que, mientras por una parte el mercado reduce la demanda, por otra, la administración incrementa el precio de la distribución, incremento de recursos para cinco empresas -las distribuidoras- y no más que para cinco: Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, E.On e Hidrocantábrico.
Los productores de energías renovables quieren que a la energía nuclear e hidráulica también se les aplique la rentabilidad razonable
Otro de los motivos del incremento del precio de la electricidad -se quejaban Villarig y compañía ayer- es la sobreretribución de dos tecnologías -la gran hidráulica y la nuclear- que generaron en 2013 el 34% de la electricidad, pero a las que tampoco se les ha aplicado la teoría de la «rentabilidad razonable». Esa sobreretribución, que ya fuera denunciada por la Comisión Europea en mayo de 2012, y los enormes recursos que genera asimismo la distribución, son caudales todos que van a parar a solo cinco empresas: las mismas de antes. Y costes (sobrecostes) que encarecen de manera formidable la factura. «¿Quién le ha pagado la internacionalización a las eléctricas?», se preguntaba ayer el presidente de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energía Fotovoltaica, Miguel Ángel Martínez-Aroca. Por todo ello, las asociaciones de renovables pidieron ayer que el gobierno «saque del mercado eléctrico a las mencionadas tecnologías y sean retribuidas con la misma rentabilidad ‘razonable’ aplicada a las tecnologías renovables».
