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La Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) prepara una demanda contra España por lo que considera una «expropiación encubierta» de sus instalaciones, que será presentada próximamente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El presidente de la Asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha explicado que la demanda que actualmente ultima su despacho de abogados, a partir del análisis elaborado por la consultora MedValue, estará «apadrinada» con el Comisario Europeo de Energía, Günter Oettinger, con quien se reunió la pasada semana.
La asociación considera que las medidas aprobadas por el Gobierno en el ámbito energético en los últimos meses son retroactivas y constituyen un «abuso de autoridad» que, lo que pretenden en realidad, es «encubrir una expropiación».
Así, estiman que las sucesivas reformas -entre las que se incluyen un impuesto a la generación y una modificación en la forma en que se calculan las primas- han reducido un 40 % sus ingresos, lo que impedirá a los propietarios devolver los créditos y les obligará a entregar las plantas a la banca.
«El objetivo es minorar la valoración de nuestras instalaciones para expulsarnos del sistema», asegura Martínez-Aroca, con un «claro beneficiario», las grandes empresas energéticas, «que quieren nuestras plantas a la mitad de su valor».
La pasada semana, Anpier aseguró que el Ministerio de Industria le había planteado ceder las instalaciones fotolvoltaicas morosas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), algo que fue posteriormente desmentido por el ministerio
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